Concretan el traslado de Javier López Zavala al Penal del Altiplano
PUEBLA, Pue., 15 de octubre del 2025.- Aunque las cifras oficiales reportan una disminución durante 2025, los intentos de linchamientos persisten como una de las expresiones más recurrentes de desconfianza social hacia las instituciones de seguridad y el sistema de justicia del estado.
En Puebla, estos casos siguen cobrando vidas y los datos oficiales de las autoridades muestran que los responsables o incitadores rara vez enfrentan procesos judiciales.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de diciembre de 2024 a agosto de 2025 se registraron 49 intentos de linchamiento en la entidad, de los cuales tres se consumaron.
En esos hechos, las fuerzas estatales intervinieron para rescatar a 26 personas que habían sido retenidas por pobladores, acusadas de distintos delitos.
En contraste, durante 2024 el organismo documentó 169 intentos y 9 linchamientos consumados, lo que representa una reducción de más del 70 por ciento en el número de incidentes.
Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántas de las personas involucradas en esos hechos han sido detenidas o procesadas por incitar o participar activamente en ellos.
De 2019 a 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNNP), Puebla acumuló 29 linchamientos consumados con 42 víctimas mortales.
Pese al número de víctimas, no existen sentencias conocidas contra los autores materiales o quienes convocaron o alentaron a las multitudes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado en diversas ocasiones la apertura de carpetas de investigación, aunque sin precisar avances.
En algunos casos, como el linchamiento del abogado Daniel Picazo, ocurrido en Huauchinango en 2022, se reportaron nueve detenidos, pero no se ha informado si existen condenas firmes.
En municipios como San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tlapanalá, Atzitzihuacan, Juan C. Bonilla y la propia capital de Puebla, los linchamientos se repiten con patrones similares: acusaciones por robo, detenciones ciudadanas, difusión de rumores en redes sociales y posterior intervención tardía de las fuerzas de seguridad.