Concretan el traslado de Javier López Zavala al Penal del Altiplano
PUEBLA, Pue., 5 de enero de 2026.- Autoridades estatales solicitaron el traslado de Javier López Zavala del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel a un Penal Federal de máxima seguridad, específicamente al Cefereso número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a su perfil delictivo y a los riesgos que representa su permanencia en un centro penitenciario estatal.
La petición se realizó tras la sentencia condenatoria dictada en su contra por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, un caso de alto impacto social y mediático que mantuvo atención nacional e internacional.
Con la resolución judicial, el gobierno de Puebla determinó que Zavala debe cumplir su condena en un centro federal, acorde con la gravedad del delito.
De acuerdo con información oficial, la solicitud de traslado también se sustenta en reportes sobre el nivel de control e influencia que López Zavala ejercía al interior del penal de San Miguel, donde presuntamente mantenía comunicación constante con otros internos, recibía tratos diferenciados y contaba con condiciones de reclusión distintas a las del resto de la población penitenciaria, situación que generó alertas en materia de gobernabilidad y seguridad interna.
Aunque las autoridades estatales negaron de manera reiterada la existencia de privilegios formales, reconocieron que el perfil del interno y sus antecedentes políticos obligan a reforzar las medidas de custodia, por lo que se determinó su reubicación en un penal de máxima seguridad bajo control federal.
En cuanto a la fecha del traslado, fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal señalaron que podría concretarse durante las primeras semanas de 2026, una vez que queden firmes los resolutivos judiciales y se atiendan posibles recursos legales promovidos por la defensa del sentenciado, además de que la federación autorice formalmente el cambio de centro penitenciario.
El Cefereso del Altiplano es considerado uno de los penales con mayores medidas de seguridad en el país y alberga a personas privadas de la libertad por delitos de alto impacto, lo que permitiría limitar cualquier tipo de influencia externa o interna del sentenciado.