Michoacán ante el Presupuesto Educativo 2026

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 acaba de llegar a la Cámara de Diputados, y con él, una revelación que debería alarmar especialmente a los michoacanos comprometidos con el futuro educativo del estado: el gobierno federal ha decidido abandonar el aprendizaje como prioridad presupuestal. Los números no mienten, y en este caso, cuentan una historia de desconexión profunda entre los discursos oficiales sobre transformación educativa y la realidad de las asignaciones presupuestarias que impactarán directamente a los más de 1.243 millones de estudiantes de educación básica que tiene Michoacán.

La Cruda Realidad de los Números y su Impacto en Michoacán

El análisis realizado por Mexicanos Primero sobre el paquete económico 2026 revela datos que van más allá de la retórica política y que tendrán consecuencias directas en las aulas michoacanas. El presupuesto educativo propuesto asciende a 1.2 billones de pesos, una cifra que en términos absolutos podría parecer robusta. Sin embargo, cuando se analiza en contexto y se considera que Michoacán es uno de los estados con mayores rezagos educativos del país, la realidad es preocupante: representa apenas un aumento del 2.1% respecto a 2025 y del 1.9% comparado con 2024, en términos reales.

Para un estado como Michoacán, donde según datos del INEGI el 6.1% de la población de 15 años y más no sabe leer ni escribir (por encima de la media nacional del 4.7%), esta limitación presupuestal es especialmente crítica. Más revelador aún es que, aunque el monto nominal crece, el peso de la educación dentro del Gasto Programable Federal disminuye del 16.9% en 2025 al 16.62% en 2026. En otras palabras, la educación está perdiendo terreno en las prioridades nacionales justo cuando Michoacán más necesita de recursos federales para cerrar las brechas educativas que lo separan de estados con mejor desempeño académico.

El Programa Sectorial: Objetivos Sin Financiamiento que Afectan Directamente a Michoacán

Quizás el hallazgo más alarmante del análisis es la desconexión sistemática entre el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE) y el presupuesto propuesto, situación que impacta de manera particular a estados con alta ruralidad como Michoacán. Solo el 48% de las estrategias de los seis objetivos del PSE cuentan con financiamiento. De las 33 estrategias incluidas en este programa rector, únicamente 16 reciben asignación presupuestal, dejando 17 estrategias fundamentales sin los recursos necesarios para su implementación.

Esta situación es especialmente grave para Michoacán, donde el 40% de las localidades son rurales y muchas escuelas funcionan con modalidades multigrado. ¿Cómo se puede hablar de aumentar la oferta educativa en comunidades purépechas de la Meseta o en localidades serranas de Coalcomán, garantizar el ingreso y permanencia en municipios con alta migración como los de Tierra Caliente, fortalecer el papel docente en escuelas que a veces cuentan con un solo maestro, y mejorar los entornos escolares en planteles que carecen de servicios básicos, cuando no se destinan recursos suficientes para estas tareas fundamentales?

El Abandono de la Formación Docente: Una Crisis Silenciosa en las Aulas Michoacanas

Uno de los aspectos más críticos del PPEF 2026 es su tratamiento de la formación continua docente, situación que cobra especial relevancia en Michoacán donde laboran aproximadamente 35,000 docentes de educación básica. En un contexto donde más de un millón de docentes requieren actualizarse para hacer frente a las nuevas demandas curriculares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el proyecto de presupuesto destina la ridícula cantidad de 91.50 pesos anuales por docente para su formación continua.

Para los maestros michoacanos, muchos de los cuales trabajan en condiciones de aislamiento geográfico y con limitado acceso a recursos pedagógicos, esta cifra representa una auténtica burla. Considerando que un maestro de una escuela rural en municipios como Tancítaro o Tingambato necesita trasladarse a Morelia para tener acceso a programas de formación continua y actualización, el costo del transporte supera por mucho los 91.50 pesos asignados. Solo 4 de cada 100 maestras y maestros podrían tener acceso a opciones de formación para fortalecer su desempeño. Es como pretender que un docente de la sierra de Coalcomán se mantenga actualizado con el equivalente a una comida muy austera en un restaurante de comida rápida al año.

La Evaluación Educativa: En Vías de Extinción Mientras Michoacán Necesita Diagnósticos Precisos

La situación de la evaluación educativa es igualmente preocupante y particularmente crítica para un estado como Michoacán que históricamente ha ocupado lugares bajos en evaluaciones nacionales como PLANEA. La Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, responsable de las pocas funciones de evaluación que aún se conservan, sufrirá una reducción del 65.4% en su presupuesto para 2026, pasando de 147 a apenas 51 millones de pesos.

Esta reducción no es solo un recorte presupuestal; para Michoacán significa la eliminación de los instrumentos necesarios para identificar las causas específicas del bajo rendimiento académico en municipios como Buenavista-Tomatlán, por la inseguridad, violencia y desplazamiento forzado, como Lázaro Cárdenas, donde la actividad industrial podría estar afectando la asistencia escolar, o en zonas como el oriente del estado, donde los fenómenos migratorios interrumpen las trayectorias educativas. Sin evaluación, los tomadores de decisiones educativas en Michoacán navegarán a ciegas, sin instrumentos para saber si las estrategias implementadas están funcionando en comunidades tan diversas como las que tiene el estado.

Infraestructura: Recursos Insuficientes para las Necesidades Particulares de Michoacán

Aunque el programa "La Escuela es Nuestra" (LEEN) recibe una porción importante del presupuesto, los recursos muestran "una tendencia de estancamiento en los últimos años", situación especialmente preocupante para un estado donde muchas escuelas rurales aún carecen de servicios básicos. El programa alcanzó su punto máximo en 2023 con 27,600 millones de pesos, descendió a 23,400 millones, y para 2026 se mantiene prácticamente en el mismo nivel con 23,800 millones de pesos.

En Michoacán, donde existen escuelas en localidades como Arteaga o Tuzantla que aún no cuentan con agua potable, energía eléctrica o internet, esta limitación presupuestal es particularmente grave. Pero el problema no es solo la cantidad; es también el mecanismo. Al administrar los recursos mediante subsidios directos a los comités escolares, conformados por madres y padres de familia, se les traslada la mayor responsabilidad sobre las decisiones de infraestructura educativa. En comunidades michoacanas con altos índices de marginación, como muchas de la región de la Cañada de los Once Pueblos, esta transferencia de responsabilidades representa una carga adicional para familias que ya enfrentan múltiples desafíos económicos y sociales.

Programas Sin Recursos en un Estado Multicultural

La promoción de ambientes escolares inclusivos, sanos y seguros, así como la garantía del derecho a la cultura física y al deporte, reciben apenas el 0.45% y 0.22% del presupuesto respectivamente. Para Michoacán, estado con una rica diversidad cultural que incluye comunidades purépechas, nahuas y afromexicanas, esta marginación presupuestal es especialmente problemática.

¿Cómo se puede promover la inclusión educativa en escuelas de comunidades indígenas de Cherán o Nahuatzen sin recursos específicos? ¿Cómo garantizar espacios deportivos seguros en municipios con problemáticas de violencia como algunos de Tierra Caliente? Estas cifras tan marginales prácticamente equivalen a dejar estos objetivos sin recursos, evidenciando una visión fragmentada del desarrollo integral que requieren las niñas, niños y adolescentes michoacanos en toda su diversidad cultural y geográfica.

Las Becas: ¿Solución o Alimentación para los Estudiantes Michoacanos?

Una parte sustancial del presupuesto se concentra en becas, pero aquí surge una pregunta fundamental para las familias michoacanas: ¿las becas por sí solas garantizan el aprendizaje de sus hijos? El análisis sugiere que no. Sin un vínculo sistemático con trayectorias educativas y logros de aprendizaje, las becas se convierten en un paliativo que no ataca las causas estructurales de los problemas educativos que enfrenta el estado.

En Michoacán, donde la pobreza afecta al 43.7% de la población según CONEVAL, las becas pueden resolver parcialmente el problema del acceso, pero si no van acompañadas de estrategias pedagógicas sólidas, formación docente adecuada y sistemas de evaluación eficaces, se convierten en un mecanismo de transferencia de recursos que no necesariamente impacta en la calidad educativa. Un estudiante de Apatzingán puede recibir su beca puntualmente, pero si su escuela carece de maestros que hayan recibido actualización docente o de materiales educativos apropiados, seguirá vulnerable ante los retos que implican aprender matemáticas o comprensión lectora.

La Desconexión Fatal: Discurso vs. Realidad en Territorio Michoacano

Lo que revela este análisis es una desconexión fatal entre el discurso oficial sobre transformación educativa y la realidad presupuestal que experimentarán cotidianamente los estudiantes, maestros y familias michoacanas. Se habla de la Nueva Escuela Mexicana, de transformación pedagógica, de revalorización docente, pero los recursos no acompañan estas promesas en un estado que requiere atención prioritaria por sus condiciones de rezago educativo.

Para un maestro que labora en una escuela telesecundaria de Tingüindín, la revalorización docente se queda en mera retórica cuando se destinan menos de cien pesos anuales para su formación. Para una familia purépecha de Paracho que aspira a que sus hijos accedan a la educación superior, las promesas de calidad educativa suenan vacías cuando la escuela local carece de recursos para fortalecer los aprendizajes en campos disciplinares como ciencias o matemáticas.

El Derecho a Aprender: Más Allá del Acceso en las Comunidades Michoacanas

El Artículo Tercero constitucional establece que la educación debe ser de calidad y priorizar el logro de aprendizaje, un mandato especialmente relevante para los estudiantes michoacanos que históricamente han enfrentado desventajas educativas. Sin embargo, el PPEF 2026 parece haber olvidado esta disposición fundamental, particularmente grave para un estado donde persisten brechas significativas entre las zonas urbanas y rurales.

El derecho a aprender va más allá del derecho a estar en la escuela; para un niño de Coalcomán o una niña de Aguililla, implica garantizar que desarrollen las competencias y conocimientos necesarios para su desarrollo integral y su participación ciudadana, independientemente de su origen geográfico o cultural. Mexicanos Primero propone el marco de la "triple inclusión": #Estar, #Aprender y #Participar. El presupuesto 2026 podría abordar parcialmente el primer elemento en las comunidades michoacanas, pero abandona completamente los otros dos.

Un Llamado Urgente a la Acción para Michoacán

La aprobación del presupuesto educativo 2026 representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo, especialmente importante para un estado como Michoacán que requiere inversión educativa prioritaria. Las y los legisladores federales michoacanos tienen en sus manos la posibilidad de revertir esta tendencia de abandono del aprendizaje que afectará directamente a sus electores. Corregir el rumbo no es solo viable; es urgente para el futuro de Michoacán.

Recomendaciones Específicas para el Gobierno Federal con Enfoque en Michoacán:

1. Trazar una ruta para incrementar la inversión educativa con criterios de equidad territorial: Michoacán necesita que los recursos federales consideren sus condiciones particulares de ruralidad, dispersión poblacional y rezago educativo histórico.

2. Reequilibrar los recursos para financiar estrategias de aprendizaje con pertinencia cultural: Es fundamental que una proporción significativa del presupuesto se destine a estrategias que reconozcan la diversidad cultural michoacana y que incidan directamente en el logro de aprendizajes en comunidades indígenas. 

3. Orientar las becas hacia resultados y transparentar su administración en municipios michoacanos: Las becas deben vincularse con indicadores específicos de permanencia y logro académico, considerando las particularidades de municipios con alta migración como los de la región de Tierra Caliente o la Oriente.

4. Priorizar con financiamiento real la política de profesionalización docente para maestros rurales: Incrementar sustancialmente los recursos para formación continua docente, considerando los sobrecostos que implica la formación continua para los maestros en zonas de difícil acceso como la sierra de Coalcomán o la región lacustre.

5. Fortalecer los sistemas de evaluación educativa con enfoques diferenciados: Revertir los recortes considerando que Michoacán necesita diagnósticos específicos sobre el impacto de fenómenos como la migración, la violencia y la diversidad cultural en los aprendizajes.

6. Garantizar financiamiento integral para todas las estrategias del PSE con criterios de atención prioritaria: Asegurar que las 33 estrategias del Programa Sectorial cuenten con recursos suficientes, priorizando aquellas que atiendan las condiciones específicas de estados como Michoacán. Y más aún, que los programas sectoriales de entidades como la nuestra estén armonizados con el PSE federal.

Llamados a la Acción Específicos para Michoacán:

Para los Diputados Federales Michoacanos:

• Exigir en tribuna que el presupuesto educativo 2026 incluya criterios de equidad territorial que beneficien a Michoacán

• Proponer adiciones presupuestales específicas para atender las necesidades educativas de comunidades indígenas y rurales

• Solicitar transparencia en la aplicación de recursos del programa LEEN en municipios michoacanos

Para el Gobierno Estatal de Michoacán:

• Crear un fondo estatal complementario para formación docente que supla las deficiencias del presupuesto federal

• Establecer alianzas con universidades locales como la UNIVIM, la UMSNH y la UIIM para fortalecer la formación de maestros rurales, previa dotación de conectividad digna. 

• Desarrollar un programa estatal de evaluación educativa que complemente los limitados recursos federales.

Para los Municipios Michoacanos:

• Fortalecer los comités escolares con apoyo y formación técnicaspara una mejor administración de recursos de infraestructura

• Crear mecanismos de coordinación intermunicipal para optimizar recursos educativos. 

• Impulsar programas municipales de becas vinculadas a resultados, permanencia y combate integral a la pobreza y todas sus carencias sociales. 

Para la Sociedad Civil Michoacana:

• Los colegios de profesionistas michoacanos pueden ofrecer servicios pro-bono de formación continua docente

• Las asociaciones de padres de familia deben vigilar la aplicación transparente de recursos educativos

• Todos podemos documentar y denunciar las carencias específicas de cada plantel educativo

• Se pueden establecer redes de colaboración entre escuelas de la misma región para compartir recursos y experiencias

• Absolutamente todos podemos participar activamente en la campaña #ÉchaleunOjo para vigilar la realidad educativa estatal. 

El futuro educativo de Michoacán está en juego. No podemos permitir que otra generación de estudiantes michoacanos crezca en un sistema educativo federal que prioriza muy a su manera las cifras de cobertura sobre la calidad del aprendizaje, especialmente cuando el estado ya enfrenta desventajas históricas. Las niñas, niños y adolescentes de Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y cada uno de los 113 municipios michoacanos merecen más que estar sentados en un aula; merecen aprender, desarrollarse y participar activamente en la construcción de su futuro y el del estado.

La campaña #ÉchaleunOjo debe tener una expresión particular en Michoacán, considerando las características específicas del sistema educativo estatal. Es fundamental que la ciudadanía michoacana mantenga vigilancia sobre estas decisiones cruciales que impactarán directamente en sus comunidades.

El tiempo de los discursos vacíos ha terminado para Michoacán. Es hora de que el presupuesto federal refleje el verdadero compromiso con el derecho constitucional de cada michoacano a aprender, independientemente de si vive en el centro de Morelia o en una ranchería de Arteaga. La educación no puede seguir siendo rehén de una visión centralista que ignora las particularidades de estados como Michoacán.

Michoacán necesita y merece un presupuesto educativo federal que reconozca sus desafíos específicos y que esté a la altura de su potencial de desarrollo. La educación es la inversión más rentable que puede hacer el país en Michoacán, pero solo si se hace bien, con recursos suficientes y estrategias centradas en el aprendizaje contextualizado.

Las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán no solo el rumbo educativo de 2026, sino el tipo de futuro que tendrán los 4.8 millones de michoacanos. Es momento de elegir: ¿seguiremos permitiendo que el presupuesto federal ignore las necesidades específicas de Michoacán mientras abandona el aprendizaje, o tendremos el valor de exigir los cambios que el estado necesita?

La respuesta está en manos de los legisladores federales, pero también en la capacidad de organización y exigencia de la sociedad michoacana. Michoacán no puede esperar más. #ÉchaleunOjoMichoacán.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C