Visión Financiera: Sheinbaum pide aclarar nómina secreta en Tamaulipas

Tras la revelación de que existe una presunta nómina secreta en el Congreso de Tamaulipas, que habría beneficiado a Verónica Garza Ayala, esposa del diputado morenista Humberto Prieto Herrera, el caso dejó de ser un asunto local para convertirse en un problema nacional.

La información validada por el SAT, que lleva Antonio Martínez Dagnino, que señala pagos por alrededor de 200 mil pesos en 2023 sin que la beneficiaria aparezca en los listados públicos de personal, provocó que el tema llegara hasta la conferencia mañanera. Ahí, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar a fondo lo ocurrido y aplicar sanciones si se confirma que existe algún delito.

El Congreso local intentó contener la crisis ofreciendo explicaciones técnicas. Se dijo que Garza Ayala prestó servicios vinculados al análisis, diseño y supervisión de la página web de la institución. 

Sin embargo, esa versión abrió más interrogantes: ¿por qué un servicio de ese tipo no aparece registrado en los mecanismos de transparencia obligatoria? ¿Por qué su nombre no figura en la nómina pública? Las respuestas no han sido suficientes para disipar la percepción de opacidad.

El propio diputado Prieto Herrera reconoció que su esposa trabajó en el Congreso, pero evitó entrar en detalles sobre el carácter del contrato y la razón de que los pagos no fueran públicos. La sombra de discrecionalidad se extiende aún más cuando se revisan los montos que el legislador recibe mensualmente —más de cien mil pesos entre sueldo, dieta y gratificaciones— y se observa que, aun así, su entorno cercano habría recibido un pago no reportado de manera transparente.

En Palacio Nacional el mensaje fue firme: no habrá tolerancia a actos que contradigan el discurso anticorrupción. Sheinbaum dejó claro que, si bien parte de la investigación corresponde a las autoridades estatales, el gobierno federal espera que el caso avance y se sancione a quien corresponda. 

Para Morena, que gobierna tanto en el estado como a nivel federal, este tipo de escándalos representa un desgaste innecesario que mina la narrativa de rectitud que pretende sostener.

El Congreso de Tamaulipas se encuentra ahora ante el reto de demostrar que está dispuesto a actuar con rigor. Si opta por la simulación o el silencio, el costo político será mayor que el de asumir responsabilidades. 

En un país donde la ciudadanía cada vez tolera menos los privilegios ocultos y los acomodos familiares, la transparencia no es un gesto: es una obligación. Y en este caso, es también la única salida para frenar un escándalo que crece cada día.

*** Modernización aduanera

La trascendencia del webinar nacional organizado por CAAAREM, de José Ignacio Zaragoza Ambrosi, no radica únicamente en las más de 15 mil personas conectadas; el verdadero mensaje aparece en la manera en que el sector aduanero asumió una transición tecnológica impostergable. 

La Manifestación de Valor Electrónica redefine la relación entre importadores, agentes aduanales y autoridades, y coloca al país en una dinámica que prioriza eficiencia, transparencia y competitividad. Es un cambio que México había pospuesto demasiado tiempo.

 El involucramiento de organismos como CONCANACO SERVYTUR y CANACINTRA confirma que la digitalización dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto estratégico para la planta productiva. La obligatoriedad de la MVE a partir de diciembre de 2025 exigirá capacidades nuevas, procesos más ordenados y una cultura de cumplimiento distinta a la que prevaleció durante décadas.

*** IPN en jaque 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) el equipo al mando de Arturo Reyes Sandoval fue puesto en jaque por Servicios Integrales Retimar, y es que las irregularidades de la empresa causaron bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México a finales de la semana pasada. 

De acuerdo con los quejosos llevan dos quincenas sin cobrar sus salarios, el problema es que pese a que exigen los pagos correspondientes, la proveedora de limpieza no puede recibir recursos públicos debido a que ya no pertenece al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). 

Como recordará, la contratista vinculada a José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote fue penalizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), liderada por Marath Bolaños, ya que no cumple con obligaciones laborales ni de seguridad social; pero eso no es todo, las faltas trajeron como consecuencia que a partir de este lunes las actividades administrativas y académicas de la ESCA Santo Tomás se realicen en línea.

*** El SNAC en crisis de legitimidad

TOME NOTA *** La combinación de inconformidades, irregularidades electorales, opacidad financiera y desacato a la autoridad laboral ha generado un escenario insostenible para Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). 

En México, las reformas laborales no han podido desmontar a la élite sindical que vive del dinero de los trabajadores. Los liderazgos continúan siendo hereditarios, opacos y millonarios. El fracaso es evidente.

El mejor ejemplo es el SNAC, pues es controlado por la familia Martínez desde 1978 como si fuera un negocio privado.

La inconformidad se desbordó cuando Alejandro Martínez Araiza dilapidó 500 millones de pesos del patrimonio sindical y vendió la sede del SNAC en 10 millones sin informar a la base trabajadora. 

Además, recibe anualmente más de 353 millones de pesos en cuotas sin transparentar su manejo. A eso se suma un esquema de negocios paralelos: venta de servicios funerarios, celulares, muebles y préstamos exprés con intereses del 10%, todo cobrado directamente a los trabajadores.

La situación se agravó cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de Alfredo Domínguez Marrufo ordenó al dirigente informar el destino de los 500 millones desaparecidos (expediente 10/02788). 

Han pasado seis meses y Martínez Araiza sigue sin cumplir. Lo más grave: la autoridad tampoco ha ejercido presión alguna, lo que los trabajadores disidentes interpretan como un posible contubernio. El propio líder presume su impunidad: “Sólo el 3% de los sindicatos rinden cuentas; el 97% no lo hacemos”, dijo públicamente.

Los inconformes denuncian que, en represalia por exhibir el manejo irregular de los recursos, el dirigente ha presionado a empresas para despedir a trabajadores críticos. Paralelamente, se dice que SAT y la UIF investigan cuentas bancarias, bienes y posibles recursos en el extranjero a nombre de Martínez Araiza y su familia.

El actual comité ejecutivo —nombrado en elecciones impugnadas— es señalado como parte de la estructura que le permite operar con total opacidad.

Lo único claro es que el SNAC vive una crisis de legitimidad y si  las autoridades laborales no actúan y el sindicato continúa sin rendir cuentas, el descontento podría escalar hasta convertirse en una ruptura abierta.

Y  trabajadores disidentes se preguntan: ¿y la Secretaria del Trabajo se hace también de la vista gorda?