Visión Financiera: Morelos se suma al cauce nacional, Rotoplas abre la llave

El futuro del agua en México se construye con políticas públicas tangibles. Así lo ha entendido la presidenta Claudia Sheinbaum al colocar la seguridad de este recurso en el centro de su Plan Nacional Hídrico 2024-2030, un programa que exige coordinación entre gobierno, empresas y comunidades.

En este contexto, la Conagua, ha iniciado una nueva etapa de colaboración con el sector privado para acelerar la tecnificación agrícola.  Bajo esta lógica, la alianza con Grupo Rotoplas, a través de su división rieggo, en la comunidad de El Naranjo, Morelos, marca un paso concreto con una inversión destinada a la instalación de un sistema de riego tecnificado de alta eficiencia en 10 hectáreas agrícolas.

Desde la Coordinación General del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional de la Conagua, Paola Félix Díaz impulsa este modelo, convencida de que resulta clave para el futuro del sector en un país donde el campo utiliza 76% del agua disponible. La meta es tecnificar más de 200 mil hectáreas durante el sexenio, al integrar innovación, capacitación y participación comunitaria.

Del lado empresarial, Carlos Rojas Aboumrad, director general de Rotoplas, ha colocado el tema hídrico en el centro de su estrategia corporativa. Bajo su conducción, la empresa se convirtió en la primera en recibir el Certificado de Empresa Hídricamente Responsable, en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

Los trabajos en El Naranjo incluirán sistemas de goteo y microaspersión de última generación, cuya instalación comenzará el 6 de octubre, con la participación de técnicos de rieggo y especialistas de la Conagua. El componente de capacitación será esencial para que los productores locales operen y mantengan la tecnología de manera autónoma.

Cuando las instituciones y las empresas coinciden en el propósito, el agua deja de ser un problema y se convierte en una causa común.

*** Calidad empresarial

En febrero de este año el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, relanzó a través de la Secretaría de Economía (SE), que lleva Marcelo Ebrard, la marca "Hecho en México", para impulsar la manufactura nacional, fortalecer el mercado interno, proteger la industria y el empleo, y fomentar el consumo de los bienes y servicios elaborados en el país.

Este sello forma parte del Plan México implementado para promover la economía y el desarrollo en territorio nacional. Desde su relanzamiento más de 2 mil empresas ya han obtenido el distintivo.

Aquí cobran presencia la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) que preside Raúl Tornel; y la Asociación Civil Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad (MUSICA), presidida por Maribel López, quienes la semana pasada recibieron de manos de Andrea Solano, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, la autorización oficial para promover la marca Hecho en México, lo que reafirma su compromiso con la calidad de sus servicios.

*** Llega la Feria del Mole

La 48ª Feria Nacional del Mole se ha consolidado como un evento imperdible en el calendario gastronómico de la Ciudad de México.

Del 3 al 26 de octubre, San Pedro Atocpan en Milpa Alta será el epicentro de esta celebración que fusiona el sabor ancestral con una ambiciosa visión de crecimiento.

El alcalde Octavio Rivero busca no solo mantener viva una de las tradiciones culinarias más arraigadas del país, sino también proyectar a la región hacia nuevos horizontes económicos y turísticos.

Se espera una afluencia de más de 300 mil visitantes, con la meta de generar una derrama económica que podría alcanzar hasta los 50 millones de pesos, beneficiando directamente a las 60 familias organizadoras y a los más de 400 productores locales que participan en la feria.

A lo largo de sus casi cuatro semanas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama de actividades, desde conversatorios y talleres que profundizan en la historia y elaboración del mole, hasta presentaciones artísticas de agrupaciones.

** Se realizó Infosecurity México

Consolidándose como el punto de encuentro clave para los líderes de la defensa digital, al reunir a expertos, empresas y tomadores de decisión en torno a las tendencias, herramientas y estrategias más innovadoras en ciberseguridad.

De acuerdo con Carolina Méndez, Gerente de Infosecurity Mexico, este evento se ha posicionado como un catalizador de innovación y conocimiento, al impulsar el intercambio de experiencias y mejores prácticas que fortalecen el ecosistema digital.

Su relevancia radica en que permite a los profesionales de ciberseguridad mantenerse actualizados frente a un entorno de amenazas en constante evolución. 

Duranta esta novena edición se anunció que el próximo año, Infosecurity Mexico se realizará en conjunto con Expo Seguridad México, también perteneciente a RX, del 2 al 4 junio 2026, en Centro Banamex.

Esta decisión responde al éxito y a los resultados logrados, ya que se busca potenciar aún más el alcance del evento al sumar la ciberseguridad al foro más importante de seguridad en Latinoamérica.

*** Tultitlán, bajo la sombra del poder familiar

El municipio de Tultitlán vive una doble tragedia: la violencia que golpea sus calles y la corrupción que carcome su gobierno. En apenas ocho meses de administración, las cifras oficiales muestran un deterioro preocupante, con más de mil casos de lesiones y cientos de robos a vehículos, negocios y transeúntes.

Sin embargo, la inseguridad no es el único enemigo. También pesa el descrédito político que acompaña a la alcaldesa Ana María Castro Fernández y su red familiar, cuestionada por nepotismo y contratos opacos. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y los reportes periodísticos que documentan licitaciones simuladas por más de 72 mdp exponen un modelo de gestión centrado en el beneficio de unos cuantos.

Las acusaciones no son nuevas: su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, enfrenta también una carpeta abierta por presunto desvío de recursos públicos. En este contexto, la llamada 4T en Tultitlán parece haberse traducido en una continuidad de los mismos vicios del pasado, con una estructura que mezcla parentesco, control político y opacidad administrativa.

*** Acusan a jueza Perla Patricia Royval Guerrero

TOME NOTA *** En Ciudad Juárez, la justicia se arrodilló ante la arbitrariedad. El nombre detrás de esta vergüenza es el de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil, recién designada en el Distrito Judicial Bravos tras la reforma judicial en Chihuahua. Aunque su llegada prometía imparcialidad y renovación, sus primeras actuaciones ya exhiben a una funcionaria que ignora la ley y desprotege a los más vulnerables.

El caso que la coloca en el ojo del huracán corresponde al expediente 1783/59, radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Bravos, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga en contra de su esposa Evangelina López Guzmán, de 96 años.

 La representación legal de la señora López Guzmán, denunció formalmente a la jueza ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua por actos que constituyen faltas administrativas graves, violaciones a derechos humanos e incluso posibles responsabilidades penales

En un solo acto, violó las tres modalidades de suspensión —de plano, provisional y definitiva— dictadas por un juez federal. Lo que hizo no fue un error técnico: fue un acto consciente de desobediencia a la ley.

El episodio más reciente no es un hecho aislado. La jueza ya carga con un historial de polémicas y señalamientos que ponen en duda su idoneidad. Su paso por Seguridad Pública estuvo marcado por decisiones cuestionables. 

*** Piden trabajadores disidentes del SNAC reposición del proceso de elección

El equipo legal de trabajadores disidentes del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNAC), impugnó y solicitó la nulidad de la elección del Comité Ejecutivo Nacional y de las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia de esa agrupación, encabezada por el secretario general, Alejandro Martínez Araiza.

El documento, presentado ante las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), sostiene que el proceso está viciado de origen por falta de inclusión, transparencia, equidad, legalidad y democracia sindical y, por ello, solicita la nulidad y la reposición del procedimiento con garantías efectivas para todos los trabajadores con derecho a participar.

El texto jurídico, que obra en los expedientes del CFCRL, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, solicita la nulidad del proceso electoral, realizado el 14 y 15 de abril de este año, con los siguientes argumentos legales:

Omisión de verificación y padrón electoral inválido: No se verificó la autenticidad de firmas ni la identidad de los supuestos votantes. No se integró un padrón confiable que incluyera a todos los trabajadores de las empresas con contrato colectivo vigente con el sindicato, lo cual viola el artículo constitucional 123, fracción XXII Bis y los artículos 364 Bis y 390 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que exigen representación legítima y votación mayoritaria previa.

Exclusión de centros de trabajo y trabajadores: No se incluyeron todos los centros de trabajo cubiertos por contratos colectivos, lo que afectó el principio de participación democrática y la libertad sindical (Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-).

Falta de notificación generalizada: No se informó a todos los afiliados, impidiéndoles ejercer el voto personal, libre, directo y secreto, lo cual representó una violación al artículo 123 constitucional, y los 358 y 371 de la LFT y a principios de equidad y legalidad.

Propaganda indebida en periodo de veda: El secretario general realizó actos proselitistas durante el periodo de reflexión, quebrantando la imparcialidad y equidad.

Ausencia de pluralidad de opciones: Sólo se presentó una planilla, lo que impidió una elección auténtica y democrática. Se violó así el artículo 371, fracción IX de la LFT y los principios de pluralidad de la OIT.

Exclusión de empresas cubiertas por el contrato: No se incluyó a todas las empresas y trabajadores bajo el contrato colectivo, generando representación ficticia.

Falta de presencia de la autoridad laboral:   No hubo inspectores ni verificadores del CFCRL en la votación, contraviniendo el artículo 390 Bis de la LFT y lineamientos oficiales.

Votación en días feriados: Esta medida limitó la participación y afectó la representatividad real.

Incumplimiento de estatutos: Las elecciones se realizaron fuera del calendario estatutario, anticipadas respecto al vencimiento del mandato (31 de diciembre de 2025), con la posible motivación de evitar que los trabajadores eligieran otra directiva por descontento.

Irregularidades posteriores: Como la falta de resguardo y publicación de actas, listas y boletas y la ausencia de transparencia y rendición de cuentas.

Falta de transparencia financiera: No se presentaron informes financieros ni auditorías y hubo un presunto uso indebido de recursos para fines personales o políticos.