Quedan 23 días hábiles para resolución de juicios de Cecilia Monzón

PUEBLA, Pue., 16 de noviembre de 2025.- A 23 días hábiles de que concluya el calendario del Poder Judicial de Puebla, la familia de la abogada y activista Cecilia Monzón urgió a que se dicten las resoluciones pendientes en los juicios por feminicidio y violencia familiar que se siguen en contra de Javier N., señalado como su presunto agresor.

“Quedan 23 días hábiles del calendario del Poder Judicial de Puebla. En ese plazo tiene que acabar el juicio de feminicidio. Y ahora también el de violencia familiar. Me niego a aceptar que esto pueda seguir en 2026”, escribió en redes sociales Helena Monzón, hermana de Cecilia y representante legal del caso, al advertir que el proceso no puede prolongarse por más tiempo.

La preocupación de la familia se agudizó luego de que, apenas el 13 de noviembre, el Cuarto Tribunal de Alzada ordenó repetir la audiencia del juicio por violencia familiar contra Javier N., lo que implica retroceder a una etapa previa del procedimiento.

Esa decisión fue tomada pese a que el Tribunal de Enjuiciamiento ya había emitido una sentencia condenatoria.

El acusado también enfrenta el proceso por feminicidio de Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo de 2022 en un ataque directo mientras conducía su vehículo en San Pedro Cholula.

Tanto la familia como organizaciones feministas consideran que la resolución del Cuarto Tribunal constituye un acto de revictimización. María de Jesús Casas Hernández, presidenta de la Colectiva Por las Mujeres Puebla, explicó que la determinación del órgano colegiado responde a un criterio “estrictamente técnico” que ignora el impacto para las víctimas y sus familias.

“Es un tema esencialmente técnico en cómo se interpreta lo que hizo el tribunal. Cuando se apeló por las partes, la familia Monzón también apeló y lo que dijeron fue que debía considerarse al hijo de Ceci y, por lo tanto, condenar también por ese delito”, señaló.

Sin embargo, la activista detalló que, en lugar de corregir la sentencia en ese sentido, el Tribunal Superior optó por devolver el caso al órgano de origen, obligando a repetir la última etapa del proceso.

“Lo que consideramos es que, en lugar de hacer las cosas bien para las víctimas, como podría haberlo hecho asumiendo sus funciones y dictando una sentencia en la que corrigieran por no haber considerado al niño, lo que hace el sistema es complicar y volver a revictimizar, devolviendo a un momento previo cuando pudo haberlo resuelto de manera muy fácil. El asunto es muy técnico”, añadió.