Nada personal: MC alinea con la 4T; del PRIMor al Fosfoforena
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llegó como una respuesta urgente del gobierno federal al asesinato de Carlos Manzo. La presidenta Sheinbaum prometió construir desde abajo y escuchar a las comunidades, reconociendo que la paz no se impone con la fuerza, sino que se construye con las personas.
El Eje 3 del Plan, denominado "Educación y Cultura para la Paz", concentra el mayor número de programas anunciados: trece en total. Van desde Escuelas de Cultura de Paz hasta festivales culturales, pasando por becas de transporte, infraestructura deportiva y centros de memoria.
En papel, la intención parece noble y necesaria: abordar las causas profundas de la violencia mediante la formación de ciudadanía, la ocupación del tiempo libre juvenil y la construcción de espacios comunitarios seguros.
Sin embargo, una semana después del anuncio, lo que se presenta como consulta ciudadana resulta ser un proceso exprés que difícilmente puede considerarse participación genuina. Entre el anuncio mediático y la realidad educativa de Michoacán existe un abismo que merece ser documentado, cuestionado y analizado con rigor.
Como educadores y ciudadanos comprometidos con el derecho a la educación, tenemos la responsabilidad de ir más allá de los titulares y preguntarnos si estas propuestas son realmente nuevas o simplemente reciclaje de programas existentes, si cuentan con el presupuesto necesario para implementarse, si se diseñaron con participación genuina de maestros, estudiantes, familias y comunidades, y si responden verdaderamente a las necesidades de las escuelas michoacanas que operan en contextos de violencia extrema.
Antes de analizar los programas educativos del Plan Michoacán, es fundamental dimensionar el contexto en el que pretenden operar.
Las condiciones bajo las que operan las escuelas michoacanas son excepcionales y aterradoras.
Hay maestros amenazados por negarse a colaborar con grupos criminales o por denunciar el reclutamiento de estudiantes.
Existen planteles que han tenido que cerrar temporalmente debido a balaceras en las inmediaciones.
En muchas escuelas hay estudiantes que funcionan como "halcones" o vigilantes desde los 12 o 13 años de edad.
Familias desplazadas interrumpen constantemente la educación de sus hijos, generando trayectorias escolares fragmentadas.
Jóvenes abandonan la escuela porque el crimen organizado les ofrece entre ocho mil y quince mil pesos semanales, mientras el futuro educativo parece lejano e incierto.
Las rutas escolares están controladas por grupos armados, donde el transporte es objeto de cobro de piso o apropiación criminal.
Este es el Michoacán real, no el de los discursos oficiales.
Cualquier política educativa que pretenda contribuir a la construcción de paz debe partir de reconocer esta realidad sin eufemismos.
Se requieren protocolos de seguridad, atención profesional al trauma infantil y adolescente, flexibilidad curricular, protección a docentes amenazados, y sobre todo, condiciones mínimas de seguridad para ejercer el derecho constitucional a la educación.
Sin esto, cualquier programa educativo operará en el vacío o simplemente no operará.
Uno de los problemas más graves del Plan Michoacán es que no especifica presupuesto ni fuentes de financiamiento.
Sin presupuesto, todo son palabras al viento.
Urge se publique el presupuesto detallado, con costo por programa, cronograma, fuentes de financiamiento y transparencia trimestral.
Se necesitan auditorías independientes, portales accesibles, comités de contraloría social, posibilidad de denuncias de corrupción y consecuencias reales para funcionarios que malversen.
Sin estas garantías, el Plan Michoacán es papel mojado.
Quizás el aspecto más preocupante del Plan Michoacán es la simulación de participación ciudadana.
La presidenta Sheinbaum prometió que el Plan se construiría “desde abajo”, escuchando a las comunidades.
Pero el Plan ya está completamente diseñado antes de la consulta.
Los tres ejes y los programas específicos ya están anunciados.
No hay metodología pública transparente:
Hay control gubernamental absoluto del proceso.
Riesgo de excluir voces críticas, privilegiar organizaciones afines, uso político para legitimación superficial.
El proceso sirve para fotografía mediática, detección de liderazgos locales y cooptación política.
Es lo que Paulo Freire llamaría “extensionismo”: soluciones desde arriba disfrazadas de diálogo.
No hay evidencia de comités ciudadanos amplios y participativos.
Es un plan insuficiente, vago, sin presupuesto garantizado, con participación simulada y omisiones graves frente a los problemas reales.
Pero esto debe impulsar la acción organizada:
La educación en Michoacán no puede esperar.
Educar en Michoacán es un acto de resistencia:
contra la violencia, la desesperanza, la impunidad y los gobiernos que no cumplen.
El proceso recuerda al Plan Michoacán de Peña Nieto y al Plan de Apoyo a Michoacán de López Obrador.
Aun así, hay esperanza:
Paulo Freire enseñó que la educación no cambia el mundo directamente, pero cambia a las personas que cambiarán el mundo.
El Plan Michoacán será útil solo si se convierte en compromiso presupuestado y verificable, si visibiliza la crisis, articula fuerzas y permite construir agenda desde las comunidades.
Michoacán merece:
La educación por la paz en Michoacán no puede esperar más.
El gobierno debe escuchar, servir al pueblo, no blindarse ni simular.
¡Merecemos un gobierno educador!
Comentarios: eaviles@mexicanosprimero.org
X: @Erik_Aviles
Visita: www.mexicanosprimeromichoacan.org
Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.