Perdidos en la traducción, pero cada una con agua a su molino

El caso de la entrega del capo Rafael Caro Quintero a Estados Unidos como regalo al presidente Trump por su toma de posesión se convirtió en un incidente que cada una de las dos partes interpretó a su manera, pero con el fondo se trató de un asunto en el que los dos países se perdieron en la traducción.

El miércoles 17 de septiembre, la fiscal general estadounidense Pam Bondi escribió un mensaje en la red X para referirse a la entrega de Caro Quintero a Estados Unidos, pero como el sentido de aprovechar la visita a la Casa Blanca del juez Enrique Camarena, hijo del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar que fue secuestrado, torturado y asesinado por el grupo de Caro y Ernesto Fonseca Álvarez Don Neto.

En su mensaje, la fiscal deslizó la afirmación “por orden del presidente Trump” y los medios interpretaron que ella estaba revelando que el capo mexicano fue entregado a las autoridades estadounidenses justamente por una orden directa del presidente Donald Trump a la presidentas Claudia Sheinbaum Pardo, lo que provocó una reacción al día siguiente jueves de la propia presidenta Sheinbaum subrayando la autonomía y soberanía mexicana y que no había sido un regalo sino la incapacidad de México para mantener por eso al considerado uno de los primeros grandes jefes fundadores de los cárteles del narcotráfico, en el caso concreto de la marihuana.

Pero si se revisa el texto íntegro de tres párrafos se la fiscal Bondi, la frase de “por orden del presidente Trump” aparece como incidental entre dos comas y su lectura íntegra no conduce a interpretar que el presidente Trump le ordenó a ella recibir a Caro y no a la presidenta de México que le entregara al prisionero Caro Quintero. El mensaje fue muy simple:

“A principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial caído de la DEA Enrique “Kiki” Camarena a @POTUS.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley.”

La fiscal Bondi informó que personalmente le había presentado al presidente Trump al hijo de Camarena y la clave estuvo en el segundo párrafo: “En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”; es decir, que la fiscal Bondi había recibido ella misma la orden del presidente para recibir a Caro Quintero.

Pero perdidos en la transición (lost in transition, la película de Sofía Coppola), quedó la impresión de un nuevo caso de la arrogancia estadounidense hacia México. El incidente debe haber sido apenas la puerta de entrada para analizar dos derivaciones muy concretas del caso Camarena: primero, que el gobierno mexicano aceptó oficialmente la incapacidad para perseguir, enjuiciar, sentenciar y mantener en la cárcel a capos del narcotráfico, porque el sistema judicial mexicano está horadado por la incompetencia --en el mejor de los casos-- o la corrupción --en el peor--.

Y el segundo punto tiene que ver con el hecho de que el caso Caro Quintero-Kiki Camarena involucra una de las historias más negras de la política mexicana en hechos criminales: el juicio que abrió y ha mantenido vigente la DEA en Estados Unidos contra el político mexicano Manuel Bartlett Díaz, acusado de haber participado de alguna manera la tortura y la orden de asesinato contra el agente de la DEA en marzo de 1985, como parte de las complicidades políticas del Estado con los cárteles de la droga y que tuvo dos derivaciones nunca investigadas con seriedad por las autoridades periciales mexicanas: el descubrimiento del rancho “El Búfalo” en noviembre de 1984  donde tres mil campesinos sembraban droga para el narco --un golpe muy duro para el cártel de Caro-- y el asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excelsior, en mayo del 1984 cuando presuntamente tenía en su poder información que publicaría en el corto plazo involucrando altas autoridades políticas y de seguridad como patrocinadores del narcotráfico, entre ellas de Gobernación.

La revisión del caso Camarena involucró efectivamente el hecho de que los capos tenían en su poder credenciales oficiales con su foto y otro nombre como agentes de la dirección federal de seguridad que dirigía José Antonio Zorrilla Pérez y firmadas por Bartlett pero que controlaba con mano dura y directa el secretario de Gobernación.

Si bien el asunto de que la entrega de Caro a EU no fue una una orden directa de Trump sino un regalo de México por la incapacidad de mantener preso al capo de capos, en el fondo Caro sigue siendo pieza clave para conocer las redes políticas y de seguridad que el narcotráfico tenía con instancias del Estado y que son el origen de los que el presidente Trump ha dicho de manera muy directa y oficial respecto a que México es un narcoestado.