Penales en Puebla operan al límite de su capacidad y con precariedades

PUEBLA, Pue., 8 de diciembre de 2025.- Los centros penitenciarios de Puebla operan desde hace años al borde de su capacidad.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), evaluaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal que fueron consultadas por Quadratín Puebla confirman que los penales operan prácticamente llenos, con un margen mínimo para atender emergencias, separar perfiles criminológicos y garantizar servicios básicos.

El indicador más claro es el porcentaje de ocupación. Durante 2024, los centros estatales trabajaron en 96.5 por ciento de su capacidad, un nivel que, sin llegar al hacinamiento extremo, muestra que casi todas las plazas están ocupadas de manera sostenida.

El INEGI registró que 37 por ciento de las personas privadas de la libertad en Puebla no tenía sentencia al cierre del primer semestre de 2025.

La proporción reveló rezagos en los procesos judiciales y una dependencia extendida de la prisión preventiva, lo que prolonga estancias en espacios ya saturados.

Diagnóstico interno

El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2024 de la CDH Puebla revisó las condiciones de los centros estatales y municipales.

Sus análisis señalaron que la alta ocupación agrava fallas que ya existían.

Las supervisiones detectaron:

• Falta de separación entre internos procesados y sentenciados.
• Deficiencias en la atención médica, especialmente en padecimientos crónicos.
• Servicios básicos limitados en higiene, limpieza y mantenimiento.
• Insuficiencia de personal operativo para cubrir los turnos y áreas de vigilancia.
• Escasa cobertura de programas educativos, laborales y terapéuticos.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones comprometen la reinserción y elevan riesgos de violencia o vulneraciones a derechos humanos.

• Falta de separación entre internos

Reacciones oficiales ante sobrepoblación

En respuesta a las observaciones de organismos de supervisión, la SSP Estatal ordenó en 2024 el cierre de siete penales municipales.

Las instalaciones presentaban condiciones críticas, entre ellas carencias de seguridad, infraestructura deteriorada y falta de control interno.

Los internos fueron trasladados a centros estatales con mayor capacidad operativa, aunque la medida incrementó la presión en penales que ya se encontraban cerca del límite.

Fuentes de seguridad consultadas explicaron que los cierres buscaban evitar riesgos mayores, pero reconocieron que el traslado masivo obliga a reorganizar espacios y reforzar la operación cotidiana.