Nada personal: MC alinea con la 4T; del PRIMor al Fosfoforena
Los abogados defensores de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista de Tehuacán Marco Aurelio Ramírez Hernández siempre han tenido ventajas para las víctimas.
Desde la fecha del crimen ocurrido el 23 de mayo de 2023, los presuntos sicarios contaron con protección para ocultarse en esa ciudad.
Los agentes investigadores de la FGE dieron con ellos y pudieron capturar a dos implicados.
Al ser puestos a disposición de juez en aquella ciudad, el juzgador siempre actúo favoreciendo a los abogados defensores de los presuntos homicidas.
Se trató de un juez “favorito” o de “consigna” que le puso trabas a la programación y realización de las audiencias, posponía fechas, se burló de la familia revictimizándola frente a los presuntos asesinos, para el disfrute de los abogados defensores de los acusados.
Fueron meses de la batalla legal de la familia y sus abogados, junto con el ministerio público, que ambos, las víctimas y el representante social, lograron en el Consejo de Judicatura removiera al juez porque entorpecía las audiencias para retrasar las etapas del juicio.
Siempre llamó la atención del MP y de la familia de la víctima la capacidad económica de los presuntos homicidas para pagar al despacho de abogados que los defendían.
Una de las razones para entorpecer el juicio contra los presuntos autores materiales del crimen el periodista Marco Aurelio Ramírez fue el interés que conduce a los “autores intelectuales del crimen”.
Existen sospechas fundadas de la intervención de personajes de las esferas oficiales gubernamentales en el sexenio del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Desde las oficinas del gobierno del estado, en Casa Aguayo, aquel 23 de mayo de 2023, se dio la orden de filtrar a un grupo de periodista de Tehuacán ligados al barbosismo, se descalificará la labor periodística de Ramírez Hernández.
La instrucción desde las oficinas de gobierno a un grupo de reporteros fue hacer énfasis en que se trataba de un funcionario municipal y desacreditar a la víctima como decano del periodismo en esa Tehuacán.
La versión difundida por ese grupo de reporteros estuvo acompañada de pagos de publicidad, y la versión pagada llegó hasta la oficina de la corresponsalía de la revista Proceso que hizo eco esa campaña infame, al ser sorprendida y engañada.
La FGE hizo caso omiso a las diferentes líneas de investigación y descartó aquella relacionada en el desempeño de Marco Aurelio Ramírez como servidor público.
En su calidad de director de Gobierno del ayuntamiento, presuntamente Ramírez fue presionado desde Casa Aguayo para avalar una compra millonaria simulada de equipamiento y armamento para la policía municipal de Tehuacán.
De acuerdo con las versiones del círculo cercanos a funcionarios municipales víctimas de la persecución del barbosismo en Tehuacán, el gobierno estatal estuvo involucrado en la presunta operación financiera simulada, a la que se opuso Ramírez, días previos al asesinato.
Era muy conocida desde entonces la influencia y el ejercicio del poder en Tehuacán del clan formado por Miguel Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero y Julio Huerta Gómez.
Mínimo los funcionarios estatales y municipales debieron ser investigados por la FGE para indagar si algo sabían del caso por la jerarquía que tenían, para descartar hipótesis en las líneas de investigación, pero nunca fueron llamados a declarar.
Los agentes ministeriales centraron la indagatoria en los presuntos autores materiales, pero jamás profundizaron en quiénes y qué motivaciones tuvieron los autores intelectuales para ordenar a los sicarios el asesinato de Marco Aurelio Ramírez.
Será por eso por lo que los legisladores barbosista Rosario Orozco Caballero y Julio Huerta Gómez aparecen en las listas de los exfuncionarios investigados. Es pregunta no vinculante.
Veremos qué ocurre en el juicio del 18 de este mes para conocer la decisión del juez respecto a la culpabilidad de los presuntos autores materiales del homicidio del periodista de Tehuacán.
