Indicador Político: Restauración: termina ciclo de judicial como contrapeso

La salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República era inevitable y no tuvo nada que ver --al menos como factor determinante-- con la agenda de asuntos propios y desde luego de temas sistémicos. La suerte de la Fiscalía autónoma se firmó cuando el presidente López Obrador decidió en la reforma judicial para terminar con los espacios independientes en el tratamiento de los asuntos de la justicia.

El sistema político priista --aún antes del PRI, pero con la Constitución como fermento de lo que sería el modelo priísta-- se construyó alrededor del poder absoluto del presidente de la República y se le dotó del control de los espacios de poder político: el partido dependiente y desde ahí la designación de legislativo bajo control presidencial, el manejo absoluto del gasto público y el área de seguridad que tuvo cuatro pilares sustanciales: las Fuerzas Armadas como parte de la estructura presidencial del gabinete; y la Procuraduría General de la República con el Ministerio público subordinado al Poder Ejecutivo; y la Secretaría de Gobernación como la operadora directa del sistema de información política para la seguridad del Estado en función del presidente.

La transformación de la PGR en Fiscalía y la designación en el área del Senado fueron concesiones circunstanciales, pero de manera natural se le dio a la Fiscalía una autonomía relativa que dejaba espacios de poder para la dependencia aún dentro de su subordinación presidencial.

Alejandro Gertz Manero surgió del área política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Jefatura de Gobierno electa del Distrito Federal, luego fue captado por el primer gobierno panista de Vicente Fox Quesada que quería encontrar personal priista que se ajustara a los modos del PAN pero que siguiera la estructura mental priista de subordinación piramidal. Gertz fue, en este contexto, el encargado de crear la Secretaría de Seguridad Pública del primer Gobierno de la alternancia partidista del PAN y actuó con una autonomía relativa en tanto que esa dependencia le quitaba espacios de seguridad política a Gobernación.

La biografía político-burocrática de Gertz tiene altibajos, y entre los segundos se anota su participación en la famosa Operación Cóndor de mediados de los setenta en el área de Sinaloa en la lucha contra el narcotráfico en aquel entonces. Y durante el gobierno de Fox, Gertz fue retenido momentáneamente en Nueva York cuando viajaba en avión oficial y como secretario de Seguridad Pública pero portando un pasaporte con otro nombre y 50,000 dólares en efectivo, pero la estructura gubernamental se movió rápidamente y el entonces canciller Jorge G. Castañeda Gutman no solo arreglo la libertad de inmediata sino que consiguió ocultar oficialmente el expediente.

Gertz se colocó de inmediato en el espacio de López Obrador, luego de haber terminado el sexenio de Fox y haber encontrado un lugar como candidato de Convergencia en una diputación federal, pero de muchos lugares le llegaron recomendaciones al tabasqueño de que Gertz era la personalidad exacta para el tránsito parcial de la PGR a la Fiscalía porque la intención de López Obrador nunca fue atender esa separación de funciones que formaba parte de las propuestas realmente de reestructuración democrática del régimen priista vigente con el PAN de Fox y con el PRIANREDE de Peña Nieto.

Gertz nunca tuvo problemas de autonomía ni de subordinación con López Obrador, y por eso su permanencia en la PGR para transformarla en Fiscalía fue casi automática, y a lo largo de cinco años pudo responder a los intereses de López Obrador de una Fiscalía que pasara las pruebas de autonomía relativa y de dependencia garantizada.

Ahí, en esa dualidad entre disciplina obligada y autonomía relativa, Gertz no enfrentó conflictos reales con un Vicente Fox ranchero, ni tampoco se conflictuó con López Obrador que sabía ejercer el poder pero al mismo tiempo jugaba con los espacios de autonomía de algunos de sus colaboradores. En cambio, Gertz no se pudo entender con la candidata y luego presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por estilos más personales que institucionales y porque el entorno político y de alta burocracia de la mandataria impedía una relación directa.

Pero el punto de ruptura se dio en el escenario de la reforma judicial que terminaba con la autonomía histórica y luego decreciente de la estructura legal en los nuevos modos, intereses y complicidades de los gobiernos de la 4T. Aprobada la reforma con la votación de jueces, magistrados y ministros, el paso lógico era el relevo en la Fiscalía para colocar a un sucesor o sucesora que se ajustara al regreso de la subordinación a la dinámica de la Ejecutiva.

El relevo en la Fiscalía no dejó dudas: se tendrá que seguir el proceso burocrático del listado, exámenes, consultas y votaciones senatoriales, pero desde ahora quedó claro que la próxima fiscal ya es Ernestina Godoy, una de las abogadas de mayor confianza de la presidenta Sheinbaum.

El poder presidencial se consolida con la recuperación de los instrumentos coercitivos del poder político.