Indicador Político: Los 43: la verdad de Peña Nieto y el Tlatelolco del PRD

El caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron apañados por la Policía Municipal de Iguala a orden directa del alcalde José Luis Abarca llegó a los once años con mayores enredos de los que entregó el procurador Jesús Murillo Karam como verdad histórica que nadie aceptó pero que tampoco nadie ha podido presentar una indagatoria alternativa con criterio judicial.

Todo se ha reducido a encontrar al responsable que dio la orden --que se supone así ocurrió, pero que no se haya podido probar-- de desaparecer a los estudiantes en hogueras especiales. El responsable de haber acreditado la responsabilidad del Estado en la desaparición y presunta muerte de los estudiantes tiró el arpa y se fue a trabajar al Estado, con un salario verdaderamente envidiable: el abogado Vidulfo Rosales.

La tesis alternativa a la del basurero de Cocula como verdad histórica y judicial se centra en acusación de que de manera directa el Ejército dio la orden de arrestar y desaparecer a los estudiantes, pero sin presentar ninguna prueba y peor aún con indicios de que el Ejército no tuvo ninguna vinculación directa con el suceso, pero hasta la fecha sigue la leyenda histórica de que los estudiantes están vivos en presuntas prisiones secretas o en presuntos cementerios clandestinos y que existen pruebas documentales escondidas en los archivos también súper secretos del Ejército.

Esta tesis manipulada por el abogado Vidulfo Rosales y azuzada por asesores extranjeros será nuevamente reiterada hoy en los recordatorios del suceso de hace once años, pero es la hora en que nadie ha abierto una línea de investigación para buscar la responsabilidad política y de seguridad nada menos que en el PRD que entonces --hace once años-- estaba articulado en compromisos políticos con Andrés Manuel López Obrador y Morena, luego de que el priismo guerrerense se desprendió del cacicazgo de Figueroa y sucesores para encontrar vínculos intermedios afiliándose al PRD lopezobradorista.

El gobernador entonces, Ángel Aguirre Rivero, era un priista destacado cuando el expriista lopezobradorista Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno de la Ciudad de México y representante de los intereses de López Obrador, lo convenció en 2011 de salirse del tricolor y pasarse al PRD. Y así fue: todo el perredismo guerrerense ya lopezobradorizado tomó el control de los cacicazgos priistas que habían comenzado su aprendizaje bajo el liderazgo del empresario Zeferino Torreblanca como gobernador del PRD.

El día de los hechos, 26 de septiembre de 2014, el alcalde de Iguala era José Luis Abarca, un perredista que llegó al cargo con el apoyo directo --directísimo-- de López Obrador. El día de los hechos, también, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa salió a protestar contra un evento político con el que Abarca estaba perfilando como su sucesora en la alcaldía de iguala a su esposa, con la bendición directa del gobernador expriista-perredista Aguirre Rivero.

El día de los hechos, el alcalde Abarca recibió información de su Policía Municipal sobre la movilización estudiantil y los indicios de que los muchachos estaban secuestrando camiones para dirigirse a Iguala y reventar un mitin de Abarca y esposa. El día de los hechos, la Policía Municipal detuvo camiones con los muchachos y en lugar de remitirlos a separos policiacos se los entregaron al grupo delictivo de Guerreros Unidos, quienes se hicieron cargo de los detenidos y desde ese momento no se supo de los estudiantes.

El día de los hechos, informaciones reiteradas señalan que uno de los camiones secuestrados por los estudiantes formaba parte de una caravana que conducía droga rumbo al tráfico que terminaría en Estados Unidos y que los narcotraficantes quisieron dar una lección de que nadie por sus pistolas podía secuestrar camiones con su droga.

El día de los hechos, algunas informaciones señalan que el Ejército fue avisado del presunto apañe --todavía no en condición de secuestro formal-- de estudiantes, pero que carecía de autoridad para intervenir y que de haberlo hecho habría generado un problema mayor porque las Fuerzas Armadas no podían participar en sucesos delictivos sin cumplir con un procedimiento legal y por escrito. El día de los hechos, pues, el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue municipal, policíaco-municipal y de gobierno estatal y que las autoridades de gobierno municipal y del estado eran de militancia del PRD y de simpatías con López Obrador.

El día de los hechos, el asunto Ayotzinapa fue un caso municipal y estatal y de responsabilidad política del PRD. En ese sentido es que se acredita que la desaparición y presunta liquidación física de los estudiantes puede considerarse como el Tlatelolco del PRD.

Pero todo el caso Ayotzinapa se le echó encima al Gobierno de Peña Nieto que se tardó en intervenir y al Ejército que nada tenía que hacer sin cumplir requisitos legales y nadie exige cuentas al PRD de entonces y a los cárteles del narcotráfico.