Gobierno digital: un salto adelante en la modernización de México

Durante décadas, la burocracia mexicana ha sido sinónimo de filas interminables, requisitos duplicados y un terreno fértil para la corrupción. 

Según el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, el 47,9 % de la población adulta realizó algún trámite en línea en 2023, y sólo una cuarta parte logró completarlo. Este dato revela, por un lado, un enorme potencial sin explotar y, por otro, la urgencia de transformar la relación entre ciudadanía y Estado. 

México ocupa el puesto 65 de 193 naciones en el índice de desarrollo de gobierno electrónico. Las causas son claras: ausencia de una identidad digital unificada, fragmentación de plataformas y una desigualdad digital que deja a millones de personas fuera de los servicios en línea. 

Este panorama obliga a preguntarnos qué país queremos en la era digital. ¿Uno que siga atrapado en el papeleo o uno que apueste por la innovación? La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con determinación. 

El gobierno de la República se plantea la mayor simplificación y digitalización de la historia con un objetivo contundente: que todos los trámites pasen a estar en línea y que el 80 % de los más utilizados se digitalicen de aquí a 2029. 

Esta decisión no surge de caprichos sino de la convicción de que la tecnología puede ser un instrumento primordial para la justicia social y el bienestar. 

El titular de la agencia, José Antonio Peña Merino, ha subrayado siete prioridades: digitalizar todos los trámites presenciales, reducir la carga regulatoria, generar ahorros y eliminar corrupción, crear el número 079, usar inteligencia de datos para mejores políticas, garantizar autonomía tecnológica y consagrar el internet como derecho. 

Cada punto de esta agenda resuena con quienes llevamos años denunciando las fallas de la administración pública. 

Por primera vez, el Estado, bajo la guía del segundo piso de la cuarta transformación, apuesta por desarrollar su propio software y no depender de proveedores extranjeros, lo que se traduce en soberanía y seguridad de la información. 

La digitalización no puede ser un esfuerzo centralista. El PND plantea un Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización que obliga a estados y municipios a homologar sus trámites y adoptar la Llave MX. 

Los resultados ya son visibles. Doce millones de personas se han inscrito en Llave MX y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria reporta una reducción del 31 % en el costo burocrático de los trámites federales. 

Además, la ley establece que los gobiernos federal, estatal y municipal deben asumir la carga regulatoria y no exigir documentos que ya tienen en su poder. Para las personas y empresas, esto se traduce en menos pasos y mayor certidumbre. 

La digitalización de las instituciones no sólo moderniza la administración; reinventa la relación entre Estado y ciudadanía. Al eliminar espacios de discrecionalidad y mordida, la digitalización fortalece la confianza en el Estado. 

Pero la verdadera transformación ocurrirá cuando el gobierno digital se acompañe de medidas para proteger la privacidad y los datos personales. La creación de un Plan Nacional de Ciberseguridad y la autonomía tecnológica son pasos en esa dirección. 

Es de reconocerse la valentía política de nuestra presidenta al impulsar la mayor reforma administrativa en sexenios. Su apuesta digital une eficacia, transparencia y justicia social. 

Claro está, el éxito no depende sólo de leyes y plataformas; requiere compromiso permanente de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía. 

Debemos vigilar su implementación, exigir resultados y participar en su perfeccionamiento.

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