Detenciones de funcionarios del Triángulo Rojo, marcadas por la impunidad

PUEBLA, Pue., 8 de octubre del 2025.- A casi una década del auge del robo de combustible en el Triángulo Rojo, las investigaciones contra mandos policiales y funcionarios que presuntamente protegieron a las bandas dedicadas al huachicol siguen marcadas por la impunidad y procesos judiciales incompletos.

Durante los años en que el robo de hidrocarburos alcanzó su punto más alto, entre 2014 y 2018, diversos cuerpos de seguridad estatal y municipal fueron señalados por su presunta complicidad con las redes delictivas que extraían ilegalmente combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Algunos de esos casos derivaron en detenciones, aunque pocas en sentencias firmes, de acuerdo a los investigado por Quadratín Puebla.

Mandos detenidos por proteger huachicoleros

Uno de los casos más emblemáticos por la misma naturaleza del robo de combustible que estaba en su apogeo fue el de Marco Antonio Estrada López, entonces director de la Policía Estatal Preventiva, y Tomás Méndez Lozano, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Ambos fueron detenidos en julio de 2015 por el Ejército en el municipio de Tepeaca acusados de proteger a huachicoleros, escoltar pipas con combustible robado y permitir el trasiego del producto en patrullas oficiales.

Tres años después, en 2018, ambos fueron sentenciados a cuatro años de prisión y al pago de una multa de más de 12 mil días de salario mínimo por daños a Pemex estimados en más de 150 millones de pesos.

A pesar de la gravedad de los hechos, su condena fue considerada menor por los mismo expertos en materia penal y de seguridad que señalaron una falta de voluntad institucional para desmantelar las redes de complicidad dentro de los cuerpos policiales.

Policías municipales bajo sospecha

En municipios como Amozoc, Acajete y Quecholac, policías municipales también fueron investigados por presuntamente proteger a las bandas dedicadas al huachicol.

En Amozoc, agentes confesaron haber colaborado con ordeñadores de ductos y se inició una investigación que alcanzó al entonces alcalde por su posible implicación.

Sin embargo, hasta ahora no hay registro público de sentencias firmes contra los funcionarios involucrados.

En otros municipios del Triángulo Rojo, las indagatorias se han encontrado con la falta de pruebas, la pérdida de expedientes, según lo constatado con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), o la rotación constante de autoridades, lo que ha dificultado el seguimiento de los casos.

Reacomodos criminales y nuevos líderes

Aunque actualmente el robo de gasolina disminuyó en comparación con su punto máximo, las autoridades estatales reconocen que las bandas del Triángulo Rojo continúan operando, ahora diversificadas en delitos como el robo de gas LP, transporte ilegal y extorsión.

En julio de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE detuvo a Luis Ángel N., El Tamara, identificado como líder criminal y uno de los principales generadores de violencia en la región.

Su captura fue presentada como un golpe significativo, aunque se presume que las estructuras que protegen al huachicol no se han desarticulado del todo.

Impunidad persistente

A lo largo de los años, la autoridades han destacado los operativos contra las bandas dedicadas al robo de combustible, pero la justicia para los funcionarios que las facilitaron avanza con lentitud.

De acuerdo con fuentes ministeriales, la mayoría de los procesos iniciados entre 2015 y 2018 por complicidad con huachicoleros no derivaron en sanciones ejemplares.

En algunos casos, se investigó, los imputados recuperaron su libertad al cumplir condenas mínimas o mediante acuerdos judiciales.