Avisos del FMI: Tratado, déficits y Estado de derecho para crecer

El último reporte del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mexicana, --como parte de la Carta de Intención de política económica que se tiene que someter a ese organismo para su aprobación desde el 13 de septiembre de 1976-- dejó sombras de preocupación sobre los estrechos márgenes de maniobra de la política económica mexicana.

En resumen, entre lo que dice, no dice e insinúa, el reporte de los técnicos del Fondo que estuvieron en la Ciudad de México del 18 al 29 de agosto revela los obstáculos que enfrenta la economía mexicana para salir del hoyo del estancamiento y riesgos de inestabilidad todavía latentes.

Los técnicos mexicanos y los técnicos del Fondo se encontraron con una falta de entendimiento en el memorándum de entendimiento: México está desarrollando una política económica expansionista, rebasando los límites básicamente de la inflación y con una política fiscal de agotamiento de las fuentes normales y sin ninguna decisión para buscar una reforma fiscal consensuada.

Los cinco pocos en amarillo del Fondo indican que 2025 está prácticamente perdido y que para 2026 se espera --no se asegura-- un rebote ligero en el crecimiento económico, pero con mayor tensión en las variables interrelacionadas que todas inciden en la inflación:

1.- “La actividad económica sigue débil”. Se prevé un crecimiento de 1% para este año y relativa aceleración para 2026.

2.- El reporte eleva las advertencias de que el déficit fiscal está arriba de lo que se requiere para mantener la estabilidad inflacionaria y plantea la urgencia de seguir reduciéndolo a base de ajustes en el gasto público, “a fin de evitar nuevos aumentos de la deuda pública y crear espacio fiscal necesario para responder a posibles choques”.

3.- El relajamiento de la política monetaria --que se estaría apresurando por razones políticas y de necesidad de estímulos artificiales a la actividad económica—“debería de continuar una vez que quede más claro que la inflación está en trayectoria hacia la meta del 3%”, un objetivo que no se ha cumplido en los últimos Criterios Generales de Política Económica.

4.- Los riesgos de la estabilidad financiera parecen ser bajos y los planes para promover la competencia y la profundización financiera son bienvenidos, aunque el Fondo no está muy seguro de que la estabilidad financiera sea objetivo por sí mismo en la política económica del Gobierno mexicano.

5.- El éxito económico a largo plazo de México depende de subsanar los déficits de infraestructura, fortalecer el Estado de Derecho y profundizar la integración con sus socios comerciales internacionales, tres temas que medio deja como foco de atención el Fondo pero no profundiza para no exacerbar los ánimos de los técnicos mexicanos. Sin embargo, el presupuesto para 2026 carece de inversiones de infraestructura, el Estado de Derecho quedó en el limbo con la reforma judicial y la elección de jueces a través de la inducción vía acordeones y en el escenario de mediano plazo no se perciben buenos resultados en el tema de la renegociación del Tratado porque ya México y Estados Unidos avisaron que regresarán los aranceles, estos impuestos cuya desaparición fueron la esencia del Tratado firmado en 1993.

Con el cuidado de evitar suspicacias e incomodidades en las autoridades mexicanas, de todos modos los técnicos del Fondo dedicaron un espacio fundamental al tema del Estado de Derecho. Entre las recomendaciones dejaron las siguientes, que tampoco convencieron a los mexicanos:

1.- Aportar la cuestión del delito que sigue siendo uno de los principales obstáculos al crecimiento, con la recomendación de fortalecer “la cooperación internacional y adoptando medidas más eficaces contra el narcotráfico".

2.- Avanzar en reformas para mejorar la gobernanza.

3.- Atender las preocupaciones internacionales sobre los organismos que reemplazarán a los aparatos autónomos Del Estado que de alguna manera contrapesaban los autoritarismos públicos y atender el tema de la corrupción en cuanto a los obstáculos para la verificación de declaraciones patrimoniales y las demoras en la legislación para la protección de los denunciantes. Y el Fondo llamó la atención a la preocupación también sobre la “transición de pasar de designaciones basadas en carreras profesionales a un sistema de elecciones populares”, un mecanismo que debe incluir “salvaguardias que garanticen la transparencia, el profesionalismo y la rendición de cuentas, todos ellos aspectos esenciales para la confianza de los inversionistas”.

El reporte del FMI constituyó una llamada de atención para el ala hacendaria de Palacio Nacional.